Objetivos generales

 

  1. Reforma de la Ley electoral.

Se reivindica una reforma que proporcione mayor grado de representación política, con listas abiertas, circunscripción única y reparto de escaños proporcional al número de votos. Dicha reforma incluiría una Ley de responsabilidad política, mediante la cual se eliminarían de las listas electorales los políticos imputados por casos de corrupción.

  1. Clase política.

Se reclama, un control estricto del absentismo, aplicación de sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones del cargo, supresión de privilegios en el pago de impuestos y cobro de pensiones, eliminación de la inmunidad asociada al cargo e imprescirptibilidad de los delitos de corrupción.

  1. Entidades financieras.

Prohibición de sus inversiones en paraísos fiscales. Elevación de los impuestos a las que ocasionaron la crisis por su mala gestión, así como la aplicación de sanciones por su mala praxis y su especulación.

  1. Poder judicial.

Reforma que garantice la independencia del Poder Judicial, donde los miembros del T.C. y del C.G.P.J. no sean elegidos desde el Poder Ejecutivo.

  1. Gastos administrativos y militares.

Control independiente de presupuestos y gastos de las Administraciones Públicas. Reducción del gasto militar.

  1. Vivienda.

Garantía de una vivienda digna, alquiler social y permitir la entrega de la vivienda como pago para cancelar las hipotecas.

  1. Paro.

Jubilación a los 65 años hasta que se acabe con el desempleo juvenil. Restablecimiento del subsidio de desempleo para los parados de larga duración. Fomento de reducción de jornada y conciliación laboral hasta que el paro llegue a un 5%. Fiscalización de las grandes empresas para asegurar que no cubren empleos que deberían ser fijos, con trabajadores temporales.

  1. Reformas fiscales.

Siempre favorables a rentas bajas. Referéndums donde los ciudadanos puedan opinar y decidir sobre el futuro de las cuestiones financieras que les perjudican (caso de Islandia).

  1. Comunicación.

Libertad de los medios de información y del periodismo de investigación. Abolición de la Ley Sinde.

  1. Social.

Aplicación efectiva de la Ley de Dependencia. Carácter público y de calidad de la sanidad y la educación.

Bienestar social a favor de la inmensa mayoría, grupo que incluye a los minoritarios y los más desfavorecidos.

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